“Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día”. Alberto Fernández, 8 de diciembre de 2022, videoconferencias organizadas por The Financial Times.
El gobierno de Macri
Durante la ceremonia en la que juró Macri como nuevo presidente, el 10 de diciembre de 2015, un radar de la Fuerza Aérea detectó un vuelo no identificado (era un Cessna 152 del Aero Club Ezpeleta) en la zona de Quilmes, que fue obligado, por dos aviones Pucará, basados en El Palomar, a aterrizar en el Área Material Quilmes. Eso era, exactamente, lo que se debería estar haciendo en todo el país todos los días para interceptar los vuelos narcos, pero no se hacía.
Según dijo el nuevo Ministerio de Defensa, entre 2011 y 2013 la Fuerza Aérea había detectado unos 700 vuelos ilegales, pero añadió que el número era mayor, porque los seis radares operativos apenas funcionan entre cuatro y seis horas por día. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue declarar, por decreto, la emergencia de seguridad por un año, lo que autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar contra “naves hostiles” no identificadas, luego de cumplir un protocolo. No era una ley de derribo, pero cambiaba significamente las condiciones de operación. La discusión política que siguió fue importante. Algunos festejaron y otros dijeron que eso era aplicar la pena de muerte sin juicio previo.
La primera acción de la Fuerza Aérea después del nuevo decreto fue el 17 de febrero de 2016, cuando un caza interceptor interceptó una avioneta que “no poseía un plan de vuelo declarado ni información de contacto radial” y forzó su regreso a Paraguay. No era mucho ni era muy claro.
Cuando el presidente norteamericano Barack Obama viajó a la Argentina, en marzo de 2016 y, una vez más, llegó a la primera plana de los diarios la falta de aviones de combate adecuados para proteger al Air Force One.
En septiembre de 2016 llegó la hora de dar de baja al último Fokker F-27, que recibió un esquema de pintura especial y realizó un viaje de despedida por diversas unidades de la Fuerza Aérea en todo el país. No fue reemplazado, aunque hacía años que se hablaba del tema.
En junio de 2017 se realizó en Bahía Blanca el ejercicio Larus II, en el que participaron tres A4-AR, tres IA-63 Pampa y seis IA-58 Pucará, que prácticamente eran todo el arsenal de combate disponible de la Fuerza Aérea.
En la segunda mitad de 2017 el desafío de las fuerzas argentinas fue la seguridad de la cumbre del G-20. Una vez más, se desató un estéril debate entre las funciones y las capacidades de la Fuerza Aérea y la Armada, pero, cuando llegó el momento sólo se dispuso de los veteranos A4-AR.
En tren de terminar con lo que hacía rato había que terminar, en noviembre de 2017 se subastaron cuatro aviones Boeing 707 de la Fuerza Aérea, que hacía años estaban fuera de servicio en El Palomar.
Las penurias de las Fuerzas Armadas tuvieron un principio de solución cuando en diciembre de 2019 se promulgó la Ley 27.565 que creó el FONDEF, un fondo específico incluido en el presupuesto destinado a financiar el reequipamiento de las mismas. No era demasiado dinero, pero permitía hacer previsiones sobre bases ciertas.
Por último, durante el gobierno de Macri se autorizó la operación de nuevas compañías de aviación, lo que abrió una búsqueda de pilotos que, naturalmente, significó un éxodo de pilotos militares hacia el sector civil.
El final de los Super Étendard
La Aviación Naval, después de Malvinas, también fue afectada por los embargos, lo que complicó su capacidad de combate. En particular esto afectó a los Super Étendard, su avión estrella que pronto quedó en tierra por falta de repuestos y sin misiles. Hubo un proceso de búsqueda que resultó infructuoso pero, en mayo de 2017, en uno de los actos más increíbles del reequipamiento de las Fuerzas Armadas después de Malvinas, el gobierno definió la compra al gobierno francés de seis Super Étendard fuera de servicio para la Armada. Se informó un precio de diez millones de dólares, muy baratos para lo que se suponía que eran, pero para cualquier observador era evidente que esos aviones no volarían nunca ni servirían como fuente de repuestos, que fue lo que finalmente ocurrió (ver ¿Super Etendards argentinos precalientan camino al servicio activo?).
En junio de 2022 una auditoría de la SIGEN concluyó en que se habían gastado casi catorce millones de dólares en aviones de combate radiados de servicio por el gobierno francés, que no estaban operativos y no podían recuperarse.
La cuestión supersónica
El gobierno de Macri, promediando 2016, reactivó las conversaciones. con Francia para comparar Mirage F-1 y/o 2000, más motores para los Pucarás que estaban vencidos. Simultáneamente hubo una oferta italiana por Alenia Aermacchi M-346 Master y otra de la compañía surcoreana Korean Aerospace Industries, por el KAI T.50 Golden Eagle.
En septiembre una misión de la Fuerza Aérea viajó a Corea para analizar los aviones ofertados. Se hablaba de la compra de un escuadrón de 12 aviones, sin más detalles, pero los problemas eran los mismos de siempre, financiación y dudoso servicio de postventa para un equipo totalmente desconocido entre nosotros.
Los conflictos verdaderos
Los radares estaban descubriendo que era cierto que había vuelos internacionales clandestinos en todo el país, aunque las intercepciones eran pocas y la información provista por las autoridades escasa. Por lo general estos vuelos se hacían con avionetas que volaban a 200/300 km/h, por lo que, si había un despliegue razonable de interceptores, no era necesario que éstos fueran muy veloces para interceptarlos, siendo una misión posible para los Pucará, Texan II y Tucano, pero muchísimas autoridades insistían que era necesario tener capacidad supersónica para cumplimentar estas misiones.
La gestión macrista en Fadea
Fadea, durante la administración kirchnerista controlada por La Cámpora, incorporó mucho personal, para llegar a una planta de alrededor de 1.600 empleados cuando asumió Macri. Las nuevas autoridades pusieron en marcha un proceso de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que significó una reducción de casi 500 puestos y para mayo de 2018 la plantilla se había reducido a 950 personas.
La firma anunció, en agosto de 2017, se habían vendido dos Puelches a Colombia, la primera exportación en veinticinco años, pero no todo era industria aeronáutica, porque simultáneamente también consiguió un contrato con el Ministerio de Seguridad para fabricar 6.000 vallas de seguridad para usar en disturbios y manifestaciones, un trabajo de herrería. También se firmó un acuerdo con Airbus para mantener la flota de C-212 del Ejército y la Prefectura Naval, en total, ocho aviones.
En octubre de 2017 el ministro de Defensa Aguad hablaba de construir un Pampa artillado, para lo que era necesario conseguir un socio. Era otra manifestación de buenas intenciones, porque las posibilidades de artillar el Pampa, un avión diseñado para entrenamiento y no para combate, eran muy pequeñas, y conseguir un socio que invirtiera en un programa de Fadea, a esta altura de la historia, era más un sueño que otra cosa.
Para vender el Pampa en el exterior se hicieron gestiones con una empresa sudafricana y se trató de interesar a Grob que, a su manera, era representante de Fadea, pero nada prosperó. El 26 de febrero de 2018 se aprobó un nuevo contrato con la Fuerza Aérea, por un total de 612 millones de pesos, para la terminación de tres aviones Pampa III, que debían ser entregados antes del 31 de diciembre, lo que fue el gran objetivo de la fábrica para ese año.
Hubo otros contratos internacionales por servicios y trabajos de mantenimiento en la flota de fuselaje angosto de LAN-Argentina y Flybondi. Fadea no atendía aeronaves de fuselaje ancho porque no podían operar en la pista de la fábrica. Además se podujeron partes de aerogeneradores para diversos parques eólicos locales.
Pero la entrega de los Pampa III a la Fuerza Aérea se demoró por falta de componentes críticos. En diciembre de 2018 la Fuerza Aérea consideró recibidos los tres aviones prometidos por Fadea y liberó el pago de los mismos pero el Arma sabía que esos aviones no estaban terminados y tenían partes faltantes. Dos de ellos fueron entregados el 15 de febrero, aún con novedades técnicas y el tercero continuó en la planta cordobesa.
Pero el 3 de julio de 2019 Fadea dio la nota, cuando el presidente argentino Mauricio Macri y el de Guatemala Jimmy Morales firmaron un acuerdo de colaboración que incluía la venta a este país de dos Pampa III más repuestos y servicio por veintiocho millones de dólares, que serían entregados antes de finalizar ese año.
Pero todo el optimismo que siguió a este anuncio cayó pocos días después, porque la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala recomendó desistir de la compra. Al mismo tiempo la ONG guatemalteca Acción Ciudadana (vinculada a Transparencia Internacional) reclamó el desafuero del presidente Jimmy Morales por considerar que, en la operación con la Argentina, incurrió en fraude al evadir la legislación local sobre compras públicas.
Promediando 2019 Fadea sumó a JetSmart como cliente de sus servicios de mantenimiento.
En octubre de 2019 trece ex funcionarios de Fadea de la gestión de Cristina Kirchner, incluyendo los expresidentes Argañaraz y Savoca fueron imputados por la justicia por presunto desvío de fondos, irregularidades en contratos y nombramientos entre 2011 y 2015.
El primero de los tres Pampa III previstos para 2019 se entregó en septiembre. Según se dijo, se utilizaría para el control fronterizo. En noviembre se entregó otro, pero no se pudo completar el tercero. Está muy claro que el control fronterizo no se hace con un Pampa no artillado, pero nadie prestó atención a eso.
Un nuevo producto que agregó Fadea a su catálogo a fines de 2019 fue el balizamiento de pequeños aeropuertos, desarrollado en conjunto con la ANAC.
El gobierno de Alberto Fernández
Alberto Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2019, con la estructura militar prácticamente paralizada y pocas posibilidades materiales de volver a ponerla en marcha. En el ambiente aeronáutico se siguió hablando de exportar Pampas que nadie financiaría, nadie compraría y nadie fabricaría.
En un reportaje realizado por Zona.militar.com, en marzo de 2020 el nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Xavier Isaac sostuvo que la prioridad del arma, “como siempre” era recuperar la capacidad de intercepción supersónica, pero agregó que sería imposible adquirir el sistema completo en forma integral en el corto plazo, pero haciéndolo en forma planificada, por fases, y dosificando los montos asignados por el FONDEF se podría llegar a buen puerto en un mediano plazo.
Interrogado sobre el futuro del Pampa y la posibilidad de artillarlo, elogió vehementemente al avión y habló, sin mucha precisión, de sus capacidades de ataque que deberían ser desarrolladas.
Agregó que se completaría la modernización de los Hercules ya iniciada y que se estudiaba incorporar un avión bimotor para hacer menos onerosa la campaña antártica y un Boeing 737. También habló del desarrollo del Pucara Fénix en conjunto con Invap.
A fines de marzo Fadea entregó un nuevo Pampa III a la Fuerza Aérea y a principios de mayo otro Hercules modernizado, pero aquí terminaron todos sus compromisos hasta la firma de nuevos contratos. En junio de 2020 se aprobó la compra de un Boeing 737/700 para la Fuerza.
En el proyecto del Presupuesto 2022, que finalmente Congreso Nacional no aprobó, se había incluido una partida de más de USD 600 millones para la compra de 12 aviones supersónicos JF-17 Thunder-Bloque III, de origen chino. El Ministerio de Economía había contemplado además la erogación de USD 20 millones extra para infraestructura complementaria, entre ellos los simuladores de vuelo.
Los aviones chinos, que parecían ser el nuevo favorito de la Fuerza Aérea, eran nuevos y de última generación, tenían la ventaja de no tener restricciones que pudieran imponer el Reino Unido o Estados Unidos y contaban con financiación, pero del otro lado, no había demasiadas garantías sobre su calidad. Oficiales de la Fuerza Aérea ya habían viajado a China para ver el Thunder, y en febrero de 2022 se preparó otro viaje.
Alberto Fernández viajó a China en febrero de 2022 para entrevistarse con Xi Jinping y la venta de los JF-17 estuvo en la agenda.
Pero cuando la operación con China parecía sellada, apareció un ofrecimiento norteamericano por doce F-16A/B MLU dinamarqueses. El precio que trascendió en ese momento, era de quince millones de dólares cada uno, junto con un lote inicial de repuestos y entrenamiento para pilotos y personal técnico. No se incluía el armamento. La Fuerza Aérea Argentina solicitó que se agregaran aviones tanqueros (en este caso vetustos KC-135R Stratotanker), un tema del que no se había hablado en ninguna de las otras propuestas de aviones de combate.
La oferta norteamericana, que fue disparada a partir de una posibilidad cierta de que una Argentina, despechada, optara por comprar material chino, se parecía bastante a lo que se había hecho en 1991 con el A4-AR, un avión viejo (esta vez más viejo) pero más o menos actualizado para un país que no era del todo confiable pero que no podía quedar desarmado en el equilibrio de su región. No eran muchos aviones, no se incluían accesorios que ahora serían indispensables, como cisternas y radares aerotransportados, y se abría un abanico muy grande de futuras ventas.
Esta vez, la gran prensa argentina se ocupó poco del asunto (hasta ahora), y no se fijó en los detalles.
Más intentos de Fadea
En junio la Fuerza Aérea firmó un contrato con Fadea para la modernización del cuarto Hercules (TC-64), upgrade de los Pampa II y desarrollo del Pucará Fénix.
Pero los planes de la fábrica no terminaron aquí, porque a mediados de julio de 2020, anunció el relanzamiento del programa IA-100, ahora denominado IA-100B “Malvina”, después de varios años de inactividad. El proyecto era rediseñar el avión de acuerdo con las normas FAR-23, para que pasara de ser un entrenador básico a uno primario, con un motor nuevo de 180 HP y tren de aterrizaje retráctil, lo que le daba un perfil más militar, pero lo alejaba del mercado privado.
Se contemplaba terminar el trabajo en algo más de dos años y que las primeras unidades de serie se produjeran en 2022. La realidad dijo que el primer prototipo estuvo listo en 2025 y antes de volar mostraba varios problemas que debían ser subsanados, empezando por el peso.
El 30 de agosto de 2020 un cohete Falcon 9 de SpaceX colocó en órbita el segundo satélite argentino de observación con microondas, Saocom 1B, construido por Invap y, en septiembre, se anunció que Fadea e Invap desarrollarían en conjunto vehículos aéreos no tripulados que, en ese momento, nadie había encargado y más aún, las tres armas tenían programas propios de este tipo de aparatos en desarrollo.
A principios de diciembre de 2024 trascendió un plan de la provincia de Córdoba para que Fadea le fuera transferida. Se suponía que había un plan de negocios, con participación privada, y que la operación se pagaría con las deudas que la Nación tenía con la Provincia.
La última milla
A principios de diciembre de 2022, en una serie de videoconferencias organizadas por The Financial Times, Alberto Fernández, ante una pregunta sobre las relaciones con China y la posibilidad de la compra de aviones cazas chinos para la Fuerza Aérea, dijo que, “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día”.
Pero unos días después el Jefe de Estado Mayor anunció a la prensa que durante 2023, serían desplegados en forma permanente aviones de entrenamiento avanzado Pampa III artillados con pods de cañones de 30mm y de ametralladoras de 12.7mm, en Río Gallegos, para realizar misiones de policía aérea en la zona austral del país. Agregó que el medio no era el idóneo, pero consideró que se trataba de un movimiento de importancia estratégica y un mensaje, de que la Fuerza Aérea Argentina estará prestando mucha atención a lo que pase en el Atlántico Sur.
También sostuvo que el FONDEF no podía por sí solo revertir los efectos dañinos de años de desinversión en Defensa y no compensaba al magro presupuesto con el que cuenta la FAA para operar, mantener e incorporar nuevo material.
Y, por último y en una declaración opuesta a lo sostenido por el presidente poco antes, sostuvo que la incorporación de un avión supersónico multirol de cuarta generación era una prioridad para la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Entrando en materia, y sin tomar ningún compromiso sobre las diversas ofertas que había, señaló que la oferta norteamericana de F-16MLU corría con una ventaja respecto a las propuestas de India y China, porque a través del mecanismo de Foreign Military Sales (FMS), que es un acuerdo Gobierno a Gobierno, la financiación es más flexible.
Agregó que se enviarían misiones la India, a mediados de enero para proseguir las negaciones sobre la oferta del HAL Tejas sin partes británicas y dejó en claro que el objetivo de la Fuerza y el Ministerio era definir una compra con alguno de los tres oferentes en 2023.
En abril de 2023 Invap exportó a Nigeria un radar MPA-200 MC para control de tránsito aéreo, formado por un radar secundario y otro primario 3D.
Al mismo tiempo que se discutía la compra de aviones de combate, con el FONDEF y algunos otros presupuestos la Fuerza Aérea compró dos ERJ-140 para LADE en 2023.
La presidencia de Milei
Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023 y planteó un proyecto de ley de reforma del Estado, que declaró a Fadea empresa sujeta a privatización. En ese momento tenía 939 empleados y su principal cliente era el Ministerio de Defensa, seguido de empresas de transporte argentinas y extranjeras, a las que hacía diversos tabajos de mantenimiento y Embraer. En ese momento su gran apuesta era el entrenador IA-100B Malvina, un avión sencillo para quien había desarrollado el Pampa, pero presumiblemente más vendible que éste en mercados emergentes.
A fines de enero de 2024 el Ministerio de Defensa, en total sintonía con el posicionamiento político del presidente Milei, abandonó las gestiones para la compra de cazas chinos y se enfocó definitivamente en la opción por los F-16 ofrecidos por Dinamarca, que no incluía la parte electrónica ni el armamento, que serían provisto por Estados Unidos.
En marzo de 2024 circuló la versión de que por razones políticas el financiamiento de la operación F-16 (en ese momento se estimaba 338 millones de dólares por los aviones, repuestos y simuladores de Dinamarca y 312 millones para el armamento norteamericano) podría salir prácticamente gratis. No estaba para nada claro que quería decir “razones políticas”, pero la prensa argentina especuló con la clara alineación de Milei con Washington, la decisión de dejar afuera a China (de los aviones y de la Hidrovía), algunas cuestiones relacionadas con la guerra de Ucrania, la explotación de recursos argentinos como el litio, el gas y el petróleo. No era algo muy diferente de lo que se había dicho cuatro décadas atrás cuando se hablaba del pago de los A4-AR.
Y el 29 de abril de 2024 el gobierno aprobó el gasto de 301 millones de dólares, a pagar en 5 cuotas anuales, para la compra de 24 cazas F-16 a Dinamarca, diceciseis monoplazas y ocho biplazas, con repuestos y algunos servicios. Por contrato, se determinó que la solución de controversias se hará a través de una comunicación cordial entre naciones, y en una segunda instancia, con la mediación del Instituto Danés de Arbitraje.
En octubre de 2024 comenzó en la base de la VI Brigada Aérea en Tandil la construcción de un Centro de Instrucción para la instrucción de pilotos y mecánicos asignados a la operación de los F-16, con un presupuesto de 3.365.045.945 pesos, más tres millones de dólares y un plazo de ejecución de 420 días. La obra se componía de un espacio central para instrucción en las aeronaves, aulas y aulas de idiomas, biblioteca, oficinas, sanitarios y pañol”. La superficie total sería de 2.070 metros cuadrados, en dos plantas. Según se informó entonces, también habría que renovar la pista, los hangares y las instalaciones.
En los primeros días de diciembre de 2024 se produjo el traslado del primer F-16, que en realidad no era un F-16 verdadero porque no podía volar, aunque alguna vez lo había sido. Se trataba de un biplaza que sería usado para instrucción local de pilotos y mecánicos. El transporte del aparato desarmado se hizo en un Hercules de la Fuerza Aérea.
El Ministro de Defensa Petri dijo entonces en sus redes sociales “recuperamos nuestra capacidad supersónica, ¡el cielo argentino nunca estuvo más protegido!”, algo que, por lo menos, requería una justificación seria, viniendo de quien venía.
A modo de colofón
Cuando sonó el último tiro de la Guerra de Malvinas, la Argentina estaba sola, fuera de cualquier bloque occidental u oriental, y despertaba todo tipo de desconfianzas. Era absolutamente lógico que nadie viera con buenos ojos la posibilidad de su rearme, y eso fue lo que pasó.
Pero, más allá del cierre de los mercados internacionales, el país tenía recursos humanos e industriales importantes para pensar en un rearme basado en sus propias capacidades. Había muchos indicios de que eso no sería posible por motivos políticos y técnicos, pero la necesidad y los socios tecnológicos de ocasión llevaron a impulsar proyectos de avanzada, como lo fueron el SAIA-90 y el Cóndor II que, obviamente, no prosperaron.
Los dirigentes no comprendieron, o no quisieron comprender que eran desarrollos inviables, en primer lugar porque Argentina no tenía medios para llevarlos adelante y en segundo lugar porque tampoco tenía el know-how para completarlos. Ambos temas requerían socios de riesgo que, en el mundo de las armas, suelen ser complicados. Argentina nunca midió las consecuencias que podría tener suministrar armas sofisticadas a los países del Medio Oriente.
En el mismo cuadro, quedan muchas dudas sobre la posición de los proveedores extranjeros, sobre todo alemanes e italianos, que participaron claramente de programas que, seguramente sabían que no llegarían a buen fin pero vendieron todo lo que pudieron a una Argentina desesperada por armamentos modernos y permitieron que algo de esto llegara al Medio Oriente.
Pero esa capacidad tecnológica del país, al mismo tiempo, sirvió para desarrollar otros elementos de avanzada para aplicaciones más demostrablemente pacíficas, como fueron los satélites y los radares. La mayoría de los protagonistas de estos trabajos fueron los mismos de los intentos militares (Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea, Invap, FMA).
Dicen que los atractivos aviones de combate supersónicos sirven para establecer un equilibrio militar en una región (no me ataques porque yo me defiendo), sobre la base de una guerra tradicional, en un mundo tradicional. Pero la realidad nos muestra que no todo es tradicional y, en los últimos años, ha quedado claro que la lucha contra el narcotráfico es un guerra en desarrollo entre nosotros que requiere un elemento militar adecuado, muy distinto de la sofisticación que se mide en generaciones de cazas o los blocks de equipamiento de éstos.
Para esta guerra es necesario, en primer lugar, una legislación y una doctrina a la altura del problema y, en consecuencia, un equipamiento adecuado para una batalla que nunca se ha querido dar en la escala correcta.
Finalmente está el F-16, el sueño argentino desde hace décadas, que ahora parece al alcance de la mano, pero no es el mismo F-16 de aquellos tiempos, aunque sean los mismos aviones. Ahora es una aeronave vieja, más de lo que eran los A4-AR cuando llegaron aquí. Los entendidos dicen que no hay aeronaves viejas sino aeronaves bien y mal mantenidas, lo que es la verdad, pero no toda la verdad, porque el mantenimiento es caro, los repuestos no siempre están disponibles los software se desactualizan y los metales se fatigan.
Por algún motivo Dinamarca y los primeros usuarios del modelo lo están reemplazando por el F-35.
Una última cuestión sobre la capacidad tecnológica e industrial demostrada por la Argentina alrededor de estos temas. El país desarrolló y construyó satélites, radares, vectores espaciales, aviones y otros elementos de altísima tecnología para aplicaciones civiles y militares. La mayor parte, o la totalidad de estos ingenios se financiaron con fondos públicos y se diseñaron y fabricaron en establecimientos estatales, bastante parecido a lo que ocurre en todo el mundo, pero la diferencia notable y preocupante es que el país no hizo casi ningún esfuerzo por promocionar y vender en el mercado internacional estos productos, y todo se hizo a pérdida, como si eso fuera la regla del juego.
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