Todos los fantasmas que conviven en Aerolíneas Argentinas se dieron cita el sábado 5 de julio de 1986, cuando la compañía despidió a todos sus pilotos, que habían iniciado un paro salvaje, en un ambiente ultra politizado. Los principales protagonistas de este duelo fueron Horacio Domingorena, un viejo político radical, sin ninguna experiencia empresaria ni aeronáutica, a quien el presidente Alfonsín había “premiado” con la presidencia de la empresa, y Mario Massolo, titular de APLA.
En ese momento la compañía pasaba por un momento complejo. En el costado financiero era incapaz de generar fondos para pagar las deudas que había dejado el gobierno militar; en el comercial se negaba a desregular las tarifas internacionales y resistía, como podía, la competencia que se planteaba con todas las compañías del mundo; en el gremial vacilaba y hacía promesas que no podía cumplir, y en el político enfrentaba la decisión del gobierno de privatizar Austral. Además volaba con una flota vistosa, pero desactualizada.
Estas realidades se combinaban entre sí de todos los modos posibles para dar como resultado algo que superaba a la conducción empresaria.
En los conflictos sindicales había dos frentes: los pilotos, que funcionaban como sindicato único, y una alianza del resto de los gremios, que actuaban más o menos en conjunto. Como siempre, había cuestiones salariales y convencionales, pero había un tema que inquietaba a todos por igual, que era la anunciada privatización de Austral, algo que generaba —y todavía genera— pánico en las filas de los sindicatos.
En junio de 1986 hubo conflictos graves con todos los gremios menos con los pilotos, que preferían llevar su lucha de modo independiente. Más o menos se solucionaron, pero los pilotos estaban afuera del arreglo y anunciaron un paro por tiempo indeterminado que comenzaría el 1° de julio. En el discurso del gremio estaba el salario, pero también se hablaba de que se los empujaba a tomar medidas que ocasionarían “el cierre de la empresa Aerolíneas Argentinas, con el oculto propósito de llenar las aeronaves de sus competidoras nacionales y extranjeras y a la vez favorecer la privatización absurda de inexistentes activos de larga y negra historia en el transporte aéreo”.
La empresa, el 29 de junio, los intimó por solicitadas en los diarios a mantenerse en sus funciones, bajo apercibimiento de aplicar las máximas sanciones previstas en la legislación vigente, pero también inició una campaña gráfica, realizada por publicistas, en la que rompió lanzas con los aviadores y trató de poner en su contra a la población. La primera pieza estuvo titulada “Aerolíneas no puede parar” y resaltaba la importancia de la compañía para el funcionamiento del país.
Llegó la fecha, y ningún avión voló. APLA publicó una solicitada en la que sostenía haber “llegado al final de un largo camino que se inicia en octubre de 1984, plagado de trampas y medidas dilatorias, conciliaciones voluntarias y un laudo obligatorio donde no se respetó la decisión de un árbitro que no fue realmente, un árbitro…” En sus últimos párrafos responsabilizaba al Ministerio de Trabajo por la situación, y terminaba sosteniendo que cesaban las operaciones de vuelo, “en resguardo de su mayor principio, la seguridad de los pasajeros y de toda la actividad aérea”.
El 2 de julio la empresa publicó el aviso que encabeza esta nota, titulado “560 pilotos o 30 millones de argentinos?”, y su texto planteaba que el transporte aerocomercial era un servicio público imprescindible y que 560 pilotos ponían sus reclamos por encima de los permanentes intereses de 30 millones de argentinos.
Ese mismo día la empresa despidió a 73 pilotos. En las jornadas siguientes mantuvo la actitud, y el sábado 5 se completó la cesantía de los 561 pilotos de la empresa, incluido el presidente de APLA.
En este punto había dos alternativas, contratar nuevos pilotos, lo que llevaría meses o años hasta lograr el punto óptimo, o buscar una solución política, lo que debía comenzar restaurando el diálogo con el sindicato, que estaba absolutamente cortado.
La empresa optó por la dureza y contrató en Estados Unidos a un grupo de instructores que viajaron al país para capacitar a los futuros tripulantes, y abrió una conscripción de pilotos, en la que se aceptaba a los recién despedidos.
A partir de la noche del miércoles 9 se abrió una nueva instancia de diálogo, sin mayores frutos. El Poder Ejecutivo autorizó que algunos aviones de Aerolíneas fuera operados por LADE con pilotos militares, y por otro lado abrió las puertas para que las empresas extranjeras establecidas aumentaran sus servicios. El paro, anunciado para defender a Aerolíneas Argentinas lograba que ésta cediera mercado a sus competidores.
Las instancias judiciales del reclamo de APLA comenzaron a orientarse a favor del sindicato, lo que produjo malestar en el Congreso, donde se pidió una interpelación al ministro Trucco atribuyéndole falta de responsabilidad en el manejo del conflicto, pero el viernes 18 el Ministerio de Trabajo consideró agotadas todas las instancias de diálogo y retiró la personería gremial de APLA por 180 días. La CGT, a la que APLA no estaba afiliada y que no había participado directamente en el conflicto, vio que el caso Aerolíneas podía ser el principio de una ofensiva general, y rechazó la medida oficial, advirtiendo sobre “la peligrosidad de tales procedimientos”.
El 21, APLA se acercó al vicepresidente Víctor Martínez, en ese momento en ejercicio de la presidencia, para solicitar su mediación, y sorpresivamente el 22 de julio los pilotos levantaron el paro. Martínez había logrado acercar las posiciones para que el cese de las medidas de fuerza se hiciera sin condicionamientos ni reclamos salariales, pero con el compromiso de la reincorporación de los despedidos. La posición, que en el fondo era el reconocimiento de un fracaso, obtuvo en la asamblea de APLA 496 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
El 24 se firmó un acta entre la empresa y APLA por la que se reincorporaron los 561 despedidos y se establecía un período de paz social de seis meses para negociar, y el 25 se reanudaron los vuelos, al principio con muy pocos pasajeros.
Con el tiempo la justicia dio la razón a APLA sobre el reclamo salarial.
