Promediando los años ochenta del siglo pasado Aerolíneas Argentinas era una empresa pujante, con 33 aviones de todo tipo y 9.800 empleados, con rutas que llegaban a América, Europa y Oceanía. En concordancia con esto, daba (o quería dar) una imagen de pujanza, en la que su flota, compuesta por aviones bastante nuevos, era la estrella.
Pero el maravilloso mundo de Aerolíneas Argentinas estaba basado en aviones comprados durante el gobierno militar, los famosos años de la plata dulce, con créditos que no podía pagar y, en consecuencia, la debilidad financiera era la primera verdad verdadera. Además, muchos eran antieconómicos para las rutas que tenían que volar.
Además, a la empresa no le gustaba competir. Durante años había sido defensora acérrima de las tarifas fijadas en las conferencias de tráfico de IATA, donde se establecían condiciones que todos aceptaban, pero eso, a partir de la desregulación de 1978 había sido superado, y ahora todas las empresas buscaban seducir a los pasajeros con tarifas más bajas, un juego en el que la aerolínea local se negaba a entrar.
Alfonsín designó presidente de Aerolíneas Argentinas a Horacio Domingorena, un viejo radical que no sabía nada de aviación comercial, y que también vivía en un mundo maravilloso, ya que sostuvo que se resistía a decir que la Argentina estaba en cesación de pagos.
Pero, después de tomar contacto con los libros, debió anunciar que por “imprudencia en el manejo de fondos” la empresa tenía deudas por 1.000 millones de dólares, cifra que no alcanzaba a su patrimonio, por lo que estaba —en teoría— en situación de quiebra. Después diría que era “rentable” y con una “estructura sana”, pero se quejó de que, a pesar de sus reclamos, las autoridades no ajustaban las tarifas.
Al mismo tiempo lamentó la competencia de que era objeto en el ámbito internacional, donde para ese entonces estaban siendo pulverizados los acuerdos de tarifas de IATA, y se quejó de la competencia de las otras líneas estatales (Austral y LADE).
En febrero de 1985 Domingorena declaró que las líneas internacionales ya no eran rentables como consecuencia de la competencia que planteaban las líneas extranjeras con sus tarifas, que estaban exponiendo a todas las líneas del continente a la quiebra. En ese momento, bullente de desregulación, cualquier pasaje comprado en el exterior hacia la Argentina era mucho más barato que el equivalente desde este país al exterior, lo que generaba grandes protestas de los pasajeros. Las tarifas de plenas IATA eran de 1.500 dólares a Nueva York y 2.420 a Madrid, pero en cualquier agencia de viajes era posible conseguir precios mucho mejores cumpliendo ciertos requisitos como viajar a Uruguay, Chile o Paraguay para hacer allí una conexión, o aceptar un papel que no parecía un pasaje pero que era aceptado a la hora de subir al avión.
Aerolíneas Argentinas se opuso frontalmente a estas prácticas, y hasta hizo denuncias judiciales sobre casos particulares, pero este mercado negro, que no era tan negro porque gran parte de los pasajes que se vendían eran legales en los países de bandera de los transportadores implicados, se había convertido en la norma, al punto que las pérdidas de la empresa estatal por caída de ventas eran notables.
Y así llegamos al 5 de agosto de 1985, cuando la DNTAC publicó la solicitada que encabeza esta nota, advirtiendo que estas prácticas estaban prohibidas y recomendando al público abstenerse de comprar pasajes baratos. Sin comentarios.
El 13 de agosto un periodista le preguntó a Domingorena por qué las tarifas desde Buenos Aires al exterior eran alrededor de un 50% más caras que desde Montevideo, a lo que respondió que eso era “absolutamente cierto”, pero que “no le habían podido encontrar ninguna solución” porque estaban trabajando en el límite de la capacidad presupuestaria y era difícil reducir tarifas.
Aerolíneas Argentinas tenía entonces deudas importantes, el gobierno aspiraba a que la empresa se hiciera cargo de las mismas, y eso era imposible con el flujo de caja de la empresa.
Y así fue que, de la noche a la mañana y sin mediar ninguna explicación coherente, la empresa estatal anunció el 9 de octubre de 1985 que había decidido pagar a los agentes de viaje una comisión suplementaria del 40% sobre todos los pasajes internacionales a países no limítrofes, lo que en la práctica significaba que sus tarifas se habían reducido en esa proporción. Para atemperar el impacto se dijo que era una medida excepcional y temporaria que se tomaba para “conseguir, a la mayor brevedad posible, el saneamiento de un mercado que venía evidenciando fuertes distorsiones”. La necesidad tiene cara de hereje.
Las reacciones fueron las previsibles. Los pasajeros se amontonaron en las agencias, algunos políticos dijeron que la empresa estatal subvencionaba la salida de viajeros al exterior en un momento de dificultades de la balanza de pagos, y los competidores que hasta el día anterior vendían pasajes baratos por debajo de la mesa los comenzaron a vender a la vista de todos, aunque en general hicieron declaraciones condenando la actitud de Aerolíneas Argentinas.
La DNTAC toleró la medida. Recién el 13 de octubre anunció que “el gobierno implementaría medidas para retomar el control de las tarifas aéreas internacionales”, agregando que se reestablecería un equilibrio que favorecería a todos.
Finalmente, el 17 de octubre, la Secretaría de Transporte resolvió autorizar descuentos del 25% en todas las bandas de tarifas IATA, incluyendo punto a punto y excursiones, salvo para los países limítrofes.
Domingorena dijo que ya había recaudado el dinero que necesitaba para cumplir con la deuda. Aparentemente no recordaba que unos días antes había declarado tomar la medida para sanear el mercado.
