Las tarifas aéreas, en la Argentina, fueron tradicionalmente fijadas por el Estado, que las manejó como herramienta política, con un ojo puesto en Aerolíneas Argentinas. Cuando llegó la desregulación llegaron los problemas, y no pocas cosas absurdas.
Cuando el gobierno de Alfonsín se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas tardó poco en comprobar que la empresa era un agujero negro financiero y tenía una deuda imposible de pagar con su capacidad para generar recursos.
Al mismo tiempo se estaba dando en el mundo una fuerte guerra de precios de los pasajes aéreos, que estaba perjudicando a la empresa argentina, que insistía en mantener sus tarifas internacionales de acuerdo con las normas de IATA, algo que todos decían hacer, pero nadie hacía. Por eso, los pasajeros preferían volar con la competencia, que cobraba alrededor de un 25% menos. Las ventas de Aerolíneas caían, y en febrero de 1984 la empresa optó por cancelar vuelos a Europa y Estados Unidos por falta de demanda.
En junio de 1985 se lanzó el plan Austral, un programa antiinflacionario y de estabilización monetaria que restringía seriamente los gastos del Estado, obligando a las empresas públicas a reducir sus gastos y optimizar sus ingresos para hacer frente a sus obligaciones.
Para esto, Aerolíneas Argentinas defendió las tarifas altas, que ya nadie cobraba, pero eso siguió haciendo caer las ventas, por lo que el 10 de octubre de 1985, sorpresivamente, decidió implementar un «sistema de incentivos para todas las agencias de viaje», aduciendo que lo hacía para sanear las «fuertes distorsiones” del mercado. En la práctica eso era una rebaja del 40% del precio de venta de los pasajes y, como era de esperar, los pasajeros se precipitaron a comprar.
El resto de las empresas no tuvo más remedio que ajustar su oferta a los precios de Aerolíneas y, en general, se mostraron molestas con la medida, sin asumir que hasta el día anterior ellas hacían algo bastante parecido por abajo del mostrador. Después de hablar mucho, el 16 de octubre, acordaron con la empresa estatal fijar un tope del veinticinco por ciento a la reducción de sus tarifas hacia América y Europa, salvo los países limítrofes. Al día siguiente, la Secretaría de Transporte convalidó el valor y todos volvieron a cobrar más o menos lo mismo.
Lo delirante fue que al mismo tiempo el presidente de Aerolíneas Argentinas, Horacio Domingorena, aseguró que la empresa había recaudado lo que necesitaba para cumplir con sus obligaciones y estaba “en condiciones de pagar y autofinanciarnos. como lo ordenó el Ministerio de Economía” y hasta habló de un balance con superávit, una utopía.
Después de este episodio, las tarifas internacionales argentinas entraron en el proceso de desregulación que vivía el mundo. Hubo momentos más o menos liberalizados, pero nunca se volvió al precio oficial obligatorio.
