El 13 de marzo de 1992 el Departamento de Transporte norteamericano pidió a las aerolíneas de su país que informaran a sus pasajeros que, de acuerdo con las normas de la OACI, el aeropuerto de Ezeiza no era seguro frente a atentados terroristas. La reacción fue que todos los pasajes emitidos desde Estados Unidos hacia la Argentina tuvieron un volante adjunto que alertaba sobre la situación.
Este reclamo llegó en un momento en el que estaban en discusión los negocios potenciales que podría haber en Ezeiza (rampa, depósitos fiscales, free shop, etcétera), que entonces estaban en manos del Ministerio de Defensa, con algunos socios discutidos como el grupo Yabrán, pero que Cavallo, ministro de Economía, quería desregular para abrir la puerta a otros interesados, algunos de los cuales eran norteamericanos, que no tenían otro modo de entrar.
Erman González, ministro de Defensa, defendía los intereses de su cartera y buscaba no cambiar nada. La pelea estaba planteada, y era feroz. Es difícil saber si el reclamo norteamericano por la seguridad, que no era un tema nuevo, tuvo alguna vinculación con las oportunidades comerciales que había en el aeropuerto, pero llegó en el momento justo.
Lo visible de esa discusión era que las plataformas del aeropuerto sólo estaban separadas del área de público y la playa de estacionamiento por un vallado bajo, que permitía que cualquiera ingresara al área estéril o arrojara proyectiles de cualquier tipo a los aviones. Según la respuesta que dio nuestro país por vía diplomática, las obras para remediar el problema estaban en marcha.
Pero el asunto no terminó aquí, porque el documento norteamericano, entre otras cosas, decía que el mantenimiento que daba Aerolíneas a sus aviones que volaban a su país era “deplorable”, que los servicios de rampa, prestados por Intercargo funcionaban “anárquicamente” y que infinidad de viajeros norteamericanos habían sido robados en Ezeiza.
Originalmente trascendió que el informe estuvo hecho por un tal Pascual Humberto Gutiérrez, uno de esos personajes que suelen aparecer en estos casos y que nunca quedó claro si era técnico, diplomático, espía, delincuente o un charlatán que pasaba por ahí. Lo concreto fue que al final de la historia todos renegaron de él.
Con el trasfondo de todas las deficiencias de la privatización de Aerolíneas, las autoridades argentinas trataron de marcar que los reclamos eran por la seguridad en general y no por la seguridad operacional, (ver Aerolíneas/Austral: Cachivaches seguros).
El 16 de marzo el canciller argentino Guido Di Tella convocó al embajador de los Estados Unidos, Terence Todman el para tratar el tema, al tiempo que el presidente Menem declaraba que éste era un amigo de la Argentina y no tenía nada que ver.
Finalmente, Cavallo consiguió la liberación parcial de los servicios de rampa, lo que dio lugar a que Aerolíneas Argentinas y American Airlines optaran por la autoprestación de los mismos, situación que mantienen hasta hoy.
El Ministerio de Defensa pidió una nueva inspección de Ezeiza, al tiempo que Di Tella y Todman trataban de poner paños fríos en la cuestión y separar el tema de la seguridad del de las privatizaciones, mientras que el presidente Menem decía que “Hay otros aeropuertos en el mundo, inclusive en los Estados Unidos, que están en condiciones lamentables»
El 18 de mayo arribaron discretamente al país técnicos norteamericanos para controlar las medidas de seguridad tomadas en Ezeiza, y el 23 de junio Estados Unidos levantó la calificación de inseguro que había dado a Ezeiza tres meses atrás y volvió a reinar la paz, pero con el camino allanado para encarar nuevos negocios en el aeropuerto.
El 29 de agosto otra misión norteamericana realizó un control, con autorización de Cancillería, de algunas medidas de seguridad del Aeroparque (adonde no volaban empresas norteamericanas), pero esta vez no hubo recriminaciones.
En Ezeiza se construyeron muros que separaron las plataformas del sector abierto al público, con lo que nunca más los spotters pudieron ver una avión de cerca.
