La principal característica de los organismos que investigan los accidentes es su independencia, un valor que debe ser resguardado sin atenuantes y que no debe plantear dudas de ninguna especie. La tentación política es grande, y muchas veces hay muchos millones en juego, pero nada debe cercenar, ni siquiera como sospecha, la autonomía de estas entidades.
En la Argentina tenemos una larga historia de accidentes aéreos, investigaciones, resultados positivos y sospechosos. Es uno de los temas que más interés despierta en el público y cuya investigación genera más críticas de todo tipo, lógicas, inocentes, justificadas e interesadas. Sin duda, se trata de una cuestión difícil.
La crítica histórica más fundada a la investigación técnica (no la judicial) es la falta de independencia de la Junta investigadora, un organismo creado en 1954, dentro de la órbita de la Secretaría de Aeronáutica, que era el organismo militar que generaba la normativa, aprobaba los equipos y el personal y controlaba el mantenimiento. Se decía que en ese organigrama podía tener poca autonomía real, y era cierto.
En 2007 la Junta fue transferida a la ANAC, con lo que, suprimiendo la palabra militar, la situación fue similar. Esto se trató de enmendar en 2010, poniendo a la JIAAC bajo la dependencia de la entonces Secretaría de Transporte. Parecía independiente, pero pronto se demostraría que si lo era, no lo parecía.
Un hito insoslayable en la evolución del organismo fue la designación a su frente, en 2013, de la contadora Ana Pamela Suárez, que no tenía ningún antecedente en el mundo aeronáutico y su único crédito era haber sido Secretaria de Hacienda del Municipio de Cañada de Gómez. Las críticas llovieron, y se dijeron no pocas barbaridades sin fundamento, pero la nueva funcionaria supo rodearse de un equipo de investigación moderno, que cambió el modo de hacer las investigaciones de acuerdo con las teorías que hoy son de práctica en el mundo. Contra todos los pronósticos mantuvo su posición con la llegada de la administración Macri.
La gestión del actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lanzó un plan de crecimiento del sistema aerocomercial que se llamó “la revolución de los aviones”. Sin entrar en su médula, resulta evidente que uno de los pilares del mismo es la promoción directa e indirecta de sus bondades mediante todo tipo de mensajes, en particular, gacetillas, videos, mensajes en las redes sociales y todo lo que la publicidad del siglo XXI pone a su disposición.
No tiene nada de malo la promoción de los actos de gobierno, pero lo que sí es altamente objetable es que la JIAAC se haya involucrado sin tapujos en la publicidad del ministerio.
Fue discutible la presencia de la contadora Suárez en las Audiencias Públicas organizadas por esta gestión, que parecieron más representaciones que audiencias, La Junta no tenía nada que hacer allí desde el punto de vista institucional, y su participación estuvo claramente más orientada a apuntalar la posición del Ministerio en materia de seguridad y low cost que a mostrar una gestión independiente. Fue triste, porque era borrar, públicamente, con el codo todo lo que se había escrito con la mano.
Pero en estos tiempos hay una nueva vuelta de tuerca. La JIAAC está difundiendo en las redes sociales, con su firma y la de su presidenta, toda la parafernalia de videos y gacetillas del Ministerio.
Todo esto contribuye a sembrar incertidumbre sobre la independencia de la Junta. El Ministerio está jugadísimo con su revolución de los aviones y, si mañana hay cualquier problema vinculado con la seguridad, a mí no me queda duda de que así como ordena (o sugiere o propone, lo que sea) que divulgue su propaganda puede hacer lo mismo con temas muchísimo más delicados.
