La relación de cualquier ciudad con sus grandes instalaciones industriales siempre es difícil y requiere una cuidadosa planificación urbana que marque los límites de lo posible. Nada de esto ocurrió en el caso del Aeroparque, que siempre se adelantó a la legislación y a la mirada somnolienta de los sucesivos gobiernos de la ciudad.

A fines de 2012 La Cámpora tenía el control total de Aerolíneas/Austral y participaba en los directorios del ORSNA, la ANAC, Intercargo y AA2000. En octubre trascendió la existencia del “Plan Aeroparque”, consistente en convertir al Aeroparque en una especie de base de la agrupación política, en la que Aerolíneas tendría la exclusividad para las operaciones aéreas, desalojando “manu militari” a LAN-Argentina, LAN Airlines, GOL, TAM, Sol, Andes, BqB, Aerochaco y LADE.

La nueva Constitución Nacional, sancionada en 1994, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, que en 1996 eligió Jefe de Gobierno a Fernando de la Rua. Era un cambio fundamental, en un momento en el que la discusión sobre la privatización de los aeropuertos estaba al rojo vivo.

Pocas ciudades tienen un aeropuerto importante dentro de su perímetro urbano, pero cuando esto ocurre la relación entre el proyecto urbanístico de la ciudad y la terminal aérea es ineludible. No parece ser el caso de Buenos Aires, donde podría decirse que la ciudad ignora a su aeropuerto.